Informe de Corpades revela que el diálogo con estructuras armadas ha reducido homicidios en el Valle de Aburrá 

Un reciente informe de la ONG Corpades destaca que las conversaciones sociojurídicas por la paz urbana, sostenidas entre el Gobierno Nacional y voceros de estructuras armadas organizadas, han tenido un impacto real y medible en la reducción de homicidios en nueve de los municipios que conforman el Valle de Aburrá. 

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Según el estudio, al 31 de mayo de 2025 se registraron 192 homicidios en esta subregión, lo que representa una reducción del 0,52 % respecto al mismo periodo del año anterior. Aunque el descenso puede parecer marginal, Corpades insiste en que, visto desde una óptica territorial, el impacto es significativo: las estructuras armadas han comenzado a abandonar el homicidio como mecanismo de control, reemplazándolo por otras formas de violencia menos visibles, como la extorsión o el control social. 

El informe también advierte que, a pesar de esta tendencia positiva en la mayoría de municipios, Medellín presenta un aumento en los homicidios, lo que contrasta con la dinámica general del Valle de Aburrá. Esta situación genera preocupación, dado que la capital antioqueña concentra cerca de 75% de los homicidios de la subregión. 

La ONG señala que el crimen organizado en el Valle de Aburrá está compuesto por más de 500 bandas, muchas de ellas bajo el control de la Oficina del Valle de Aburrá, el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y otros actores armados independientes. Estas estructuras, con presencia jerárquica de primer, segundo y tercer orden, han operado en la región por más de cuatro décadas. 

Las conversaciones de paz han logrado penetrar zonas de alta conflictividad como Caldas, sectores de la comuna 8, Belén, Aguas Frías, San Cristóbal, San Sebastián de Palmitas y San Félix en Bello, donde se han evidenciado cambios en las dinámicas de violencia. 

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Corpades concluye que esta coyuntura representa una ventana de oportunidad para consolidar una Política de Paz Real Territorial, que articule estrategias sociales, jurídicas y comunitarias. Para lograrlo, la organización insiste en la necesidad de un marco legal robusto que regule los procesos de sometimiento y reintegración colectiva, así como una coordinación efectiva entre el gobierno nacional, los gobiernos locales y la sociedad civil.