Acto público de la JEP en el occidente antioqueño
Acto público de la JEP en el occidente antioqueño
RCN RADIO
25 Jun 2025 06:00 AM

Siete exjefes de las Farc comparecieron ante la JEP en el occidente antioqueño por crímenes de guerra

Mateo
Zapata Correa
El acto público tuvo lugar en el municipio de Caicedo.

En el municipio de Caicedo, en el occidente antioqueño, se llevó a cabo en las últimas horas la primera de dos audiencias convocadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), dirigidas a varios exjefes del extinto Bloque Noroccidental de las FARC. 

La primera sesión, celebrada este martes, fue el momento para escuchar más de 314 hechos que acompañan la historia de  los departamentos de Antioquia, Chocó, Córdoba, Risaralda y el sur de Bolívar.

Algunos de los crímenes por los que deberán responder los extintos jefes, son entre otros, secuestros, homicidios selectivos, casos de tortura, violencia sexual y desaparición forzada

Una de las víctimas recordó la manera en cómo eran sometidos en medio de las intimidaciones por parte de los guerrilleros de las FARC, una vez eran retenidos ilegalmente. 

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De acuerdo con la JEP, el Bloque Noroccidental de las FARC usó el secuestro como método para controlar los territorios en Antioquia, Chocó y el Sur de Córdoba. Además, sus víctimas eran aquellas personas a quienes consideraban enemigos. 

Entre los comparecientes citados por la JEP en esta audiencia figuran Luis Carlos Úsuga, Jesús Mario Arena, Rodolfo Ruiz, Martín Cruz, Ovidio Mesa, Pedro Betacutau y Jhoverman Sánche, quienes eran miembros destacados del Bloque Noroccidental de las FARC.

Siete extintos 

Uno de los casos más recordados durante la audiencia, fue el secuestro y posterior asesinato del entonces gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria y su asesor de paz, Gilberto Echeverry, hechos que se registraron en 2002 durante una marcha por la no violencia en el municipio de Caicedo. 

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A propósito de este caso, la familia de Gaviria Correa no asistió a la audiencia. A través de un comunicado, expresaron su desacuerdo con la manera como la JEP ha planteado la calificación jurídica de este caso. Señalaron que el tribunal de paz pretende catalogarlo como un “secuestro con fines de canje”, lo que, a su juicio, minimiza la gravedad de lo sucedido y el impacto del crimen.