El procesado sería el encargado de contactar a las menores para sostener relaciones sexuales con extranjeros.
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20 Mayo 2020 02:07 PM

Revocan libertad de presunto integrante de red de explotación sexual de menores en Medellín

El procesado sería el encargado de contactar a las menores para sostener relaciones sexuales con extranjeros.

Con las pruebas presentadas por la Fiscalía, el Juzgado 12 Penal del Circuito de Medellín, con funciones de control de garantías, revocó la libertad de Juan Camilo Valoyes Torres, investigado como presunto integrante de una red criminal dedicada a la explotación sexual comercial de menores de edad, la cual fue desarticulada con la captura de diez personas, entre ella un ciudadano extranjero.

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El procesado de 33 años de edad fue afectado con medida de aseguramiento en centro carcelario y tendrá que responder por su posible responsabilidad en el delito de pornografía infantil.

La investigación se inició a finales del año 2017, cuando la Fiscalía recibió un escrito anónimo en el que se informó sobre un joven, quien contactaba a menores residentes en la parte nororiental de Medellín y en el barrio Cabañas del municipio de Bello, para que sostuvieran relaciones sexuales con extranjeros a cambio de dinero. Según la fuente, luego de recibir los pagos, las adolescentes debían darle un porcentaje al presunto proxeneta.

Luego en febrero de 2019, dos niñas de 14 años acudieron a una estación de Policía del centro de Medellín y denunciaron una presunta explotación sexual comercial. Al parecer, sus integrantes brindaban hospedaje y alimentación a varias menores de edad, a quienes ofrecían como trabajadoras sexuales en la zona rosa del barrio El Poblado de Medellín.

El proceso investigativo adelantado por un fiscal del Centro de Atención a Víctimas de Abuso Sexual (Caivas), permitió establecer que se trataba de una organización criminal trasnacional dedicada a la explotación sexual de menores de edad.

En octubre del año pasado, el Juzgado 13 Penal Municipal de Medellín ordenó la libertad del procesado por considerar que no se presentaron elementos materiales con vocación probatoria suficientes para imponer medida de aseguramiento intramuros. Esta tesis fue desvirtuada por el juez de segunda instancia cuando resolvió la apelación de la Fiscalía.

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Por estos hechos fueron capturadas nueve personas más, entre ellas un ciudadano norteamericano, a quienes el ente acusador les imputó cargos por delitos como proxenetismo con menor de edad, inducción a la prostitución, demanda de explotación sexual con personas menores de 18 años y pornografía infantil.