Álvaro Guillermo Rendón López, exgerente general de EPM
Álvaro Guillermo Rendón López, gerente general de EPM
Foto: EPM
20 Ago 2020 06:38 PM

Por incumplir orden sobre víctimas de desaparición en Hidroituango, la JEP abrió incidente contra el gerente de EPM

Paola
Agredo Tapias
El 29 de julio venció el plazo de la empresa para entregar la información al alto tribunal.

La Jurisdicción Especial para la Paz abrió un incidente de medidas correccionales contra Álvaro Guillermo Rendón, gerente de EPM, por incumplimientos al entregar información y proteger 16 zonas cercanas al proyecto Hidroituango, donde movimientos de víctimas denuncian que hay cuerpos de personas desaparecidas. 

Dice el alo tribunal en su decisión: "Abrir incidente de medidas correccionales contra el gerente general de Empresas Públicas de Medellín E.S.P. (EPM), señor Álvaro Guillermo Rendón López, o quien haga sus veces, por el incumplimiento de lo ordenado por esta Sección en la audiencia pública celebrada los días 8 y 9 de octubre de 2019 y los Autos AT-030 y AT-077 de 2020, conforme lo consignado en la parte considerativa de esta decisión".

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La JEP explicó que le solicitó a la empresa toda la documentación para poder comprobar el trabajo que se ha realizado en cementerios y zonas cercanas al proyecto para encontrar a las víctimas de desaparición forzada. EPM tenía un plazo que venció el pasado 29 de julio, y, dice el alto tribunal, “la empresa no respondió a los requerimientos de la JEP, ni envió justificación sobre el incumplimiento”, razón por la cual se abre el incidente en contra del gerente. 

"Entre los lugares protegidos se encuentra la zona de influencia del proyecto hidroeléctrico Hidroituango, en donde, según los peticionarios de las medidas cautelares, se advierte la existencia de sitios de enterramiento, legales e ilegales", dice la JEP. 

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En el auto 125 de 2020, la JEP, además, le da un plazo de cinco días hábiles para que Álvaro Guillermo Rendón ejerza sus derechos de contradicción y defensa frente al trámite, y le dio traslado a la decisión a la delegada de la Procuraduría ante la JEP y al Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice).