Referencia proyecto Hidroituango.
Referencia proyecto Hidroituango.
Cortesía: EPM.
21 Oct 2021 10:44 AM

Implicada en fallo de Hidroituango pide que contralor ad hoc

Johanna
Ramírez Gil
@johannarami
La Contraloría suspendió los términos del proceso por recusación.

Por considerar que les han negado el derecho a la defensa, la exsecretaria de Planeación de Antioquia, María Eugenia Ramos Villa, solicitó al Consejo de Estado que el Congreso de la República nombre a un contralor ad hoc que falle en segunda instancia el proceso de responsabilidad fiscal en el caso Hidroituango.

Su recusación contra funcionarios del ente de control motivó la suspensión de los términos de dicho proceso. 

La exfuncionaria de la gobernación de Sergio Fajardo consideró que las declaraciones del contralor Carlos Felipe Córdoba evidencian que no hay imparcialidad en el proceso y los está condenando sin escucharlos. Por eso, confía en que su solicitud prospere ante el alto tribunal. 

"La idea es que este contralor ad hoc asuma el caso en el punto en que está para que sea quien decida la segunda instancia. Ojalá no ratifique el primer fallo  y se nos dé la oportunidad de presentar pruebas y testimonios. A la fecha, a mí no me han dado esa oportunidad", dijo. 

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Ramos Villa, quien hizo parte de la Junta de la Sociedad Hidroituango en representación de la Gobernación de Antioquia, advirtió que cambiar a los contratistas retrasaría la entrada en operación del proyecto. 

"Esta es una decisión que le compete exclusivamente a EPM. Desde mi perspectiva, más como ciudadana, considero que sería un error en este momento que retrasaría el proyecto innecesariamente", afirmó.

María Eugenia Ramos Villa es una de las personas naturales encontradas responsables fiscales en un fallo de primera instancia por el detrimento patrimonial de 4,3 billones de pesos en Hidroituango. Las inversiones exceden un 114 por ciento a lo planeado inicialmente.

En un comunicado, la Contraloría explicó que la recusación fue “en contra del mencionado Contralor Delegado Intersectorial, así como de los funcionarios de la Sala Fiscal, el Contralor General de la República y la Procuradora General de la Nación”.