La acción judicial fue interpuesta contra la Fiscalía y la Presidencia de la República.
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6 Jul 2020 04:57 PM

Gabinete espera decisión a favor del suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria

Los funcionarios participaron de un movimiento en redes sociales en el que le expresaron su apoyo.

Luis Fernando Suárez, gobernador encargado de Antioquia, manifestó que tanto él como los demás miembros del gabinete están atentos a la decisión que podría emitir este martes la Corte Suprema de Justicia frente a la medida de aseguramiento de Aníbal Gaviria Correa. 

Aseguró el mandatario encargado que esperan que la determinación sea a favor de Gaviria Correa, para que pueda reintegrarse a su cargo e involucrarse a la agenda de trabajo, especialmente este fin de semana, cuando inician los recorridos de los secretarios de despacho por los diferentes municipios antioqueños. 

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Recordó que durante este fin de semana se adelantó un movimiento por redes sociales, liderado por la esposa del gobernador suspendido, Claudia Márquez, y en el cual la familia, gabinete y seguidores exigieron virtualmente la libertad del mandatario. 

"Hubo un movimiento en redes sociales de ciudadanos que valoramos quienes creemos en la inocencia de Aníbal Gaviria, que estamos seguros que es un hombre transparente. Estamos pidiendo que regrese a suc argo, estamos visibilizando una situación que nos duele, nos preocupa", agregó. 

Según Luis Fernando Suárez, el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia será histórico, porque, aseguró, está en juego el futuro de Antioquia. 

La petición de la Procuraduría

La Procuraduría General le solicitó a la Corte Suprema de Justicia anular la medida de aseguramiento que pesa contra el suspendido gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, investigado por presuntas irregularidades en un contrato de obra vial.

En una carta enviada al magistrado Ariel Augusto Torres, de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte, el Ministerio Público argumenta que existen argumentos suficientes por parte de la Fiscalía para sustentar la medida de aseguramiento.

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Además sostiene que la Fiscalía, en su decisión, tampoco sustentó las razones por las que se concluyó que “el procesado podría constituir o representar un peligro para la comunidad, y en especial para las “víctimas”.