Desde Medellín piden a la Fiscalía celeridad por presunta reunión del hijo de Maduro con disidencias

Desde Medellín se elevó un llamado a la Fiscalía General de la Nación para que avance con rapidez en las investigaciones, tras conocerse un documento judicial de Estados Unidos que menciona una presunta reunión entre el hijo de Nicolás Maduro y disidencias de las Farc en la capital antioqueña.

El pronunciamiento se produce luego de que se conociera un escrito de acusación de la justicia estadounidense que señala que, en 2020, Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como “El Príncipe”, habría sostenido un encuentro en Medellín con representantes de disidencias de las Farc. Según el expediente, en esa reunión se habrían discutido acuerdos para el transporte de grandes cantidades de cocaína y armas desde Colombia hacia Estados Unidos, con operaciones proyectadas hasta el año 2026.

Frente a esta revelación, el concejal de Medellín Andrés Tobón pidió una actuación inmediata de las autoridades judiciales del país. “Esta información obliga a la Fiscalía a actuar con celeridad. Si un documento judicial extranjero señala que Medellín fue escenario de una reunión de este nivel, es fundamental establecer quiénes participaron, cómo se dio ese encuentro y si hubo algún tipo de relación con estructuras criminales que operan en la ciudad”, afirmó el cabildante.

Tobón señaló que el contenido del escrito estadounidense debe activar alertas en materia de inteligencia y cooperación judicial, y advirtió que la gravedad de los señalamientos no puede quedarse únicamente en el ámbito internacional.

Por su parte, el abogado penalista Iván Durango, experto en extradición explicó las implicaciones jurídicas del caso y aclaró el alcance del documento conocido. “No se trata de un rumor ni de una especulación política, sino de una acusación formal presentada ante tribunales de Estados Unidos”, precisó, aunque subrayó que ello no equivale a una condena contra las personas mencionadas.

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Durango indicó que el hecho de que la presunta planeación se haya realizado en Medellín activa mecanismos de cooperación internacional. “Cuando la planeación ocurre en un país y el impacto del delito se materializa en otro, ambos Estados pueden y deben investigar. Colombia tendría que verificar si esa reunión ocurrió, quiénes estuvieron presentes y qué conductas se habrían configurado”, explicó.

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El jurista agregó que, de encontrarse mérito, podrían abrirse investigaciones por concierto para delinquir, narcotráfico e incluso procesos de extinción de dominio, los cuales no requieren una condena previa.

Mientras avanzan las verificaciones, el llamado desde Medellín es a que la Fiscalía actúe con prontitud para esclarecer los hechos y determinar si la ciudad fue utilizada como escenario de planeación de operaciones del crimen organizado internacional.

Por: Tatiana Balvín Rodríguez