Procuraduría

Días atrás, la Personería Distrital informó sobre el pliego de cargos contra cuatro exfuncionarios de la administración de Quintero.

Se establecerá si utilizó su cargo para influir sobre el agente de tránsito que adelantó el procedimiento de inmovilización de su vehículo.

Los funcionarios incumplieron la Ley 581 de 2000, conocida como 'Ley de Cuotas', que exige un mínimo del 30 % de participación femenina.

El ente de control señaló que el mandatario incumplió las disposiciones de la l​​ey 581 de 2000, que define la participación de las mujeres

La Procuraduría General de la Nación solicitó extraer información de los celulares de las supuestas víctimas

Entre los funcionarios absueltos está el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez.

Juristas en Medellín explicaron que el procurador aplicó la ley 1437, desconociendo el Código de Policía que fue implementado en la sanción.

El exconcejal de Medellín fue inhabilitado por ocho años para ejercer cargos públicos.

Upegui fue ficha clave de Daniel Quintero para hacerle oposición al alcalde de Medellín desde el concejo.

La exalcaldesa omitió procesos importantes en materia de gestión del riesgo en su administración

Los cargos fueron formulados por retirar un equipo de computo sin autorización.

Procurador 145 Judicial II para la Defensa de los Derechos de la Infancia, la Adolescencia, la Familia y las Mujeres asumirá la función.

Las acciones de Santiago Jaramillo fueron deliberadas y con la intención de causar daño, por lo cual constituyeron una falta grave.

La Procuraduría indicó que dentro de sus funciones no estaría la responsabilidad de aprobar el gasto para viáticos.

La Procuraduría General comprobó que los exfuncionarios omitieron pagar recursos de sobre tasa ambiental a las autoridades regionales

La Provincial de Valle de Aburrá calificó provisionalmente la falta del exedil como gravísima.

La Policía Nacional ha logrado identificar algunos vehículos que participaron en la fuga del delincuente.

Según la entidad, se presentó un presunto conflicto de intereses en un contrato con el Fondo de Vivienda de Sabaneta (FOVIS).

Las comunidades del Baudó, San Juan, Alto y Medio Atrato, Bajo Atrato y Darién han sido las más afectadas.

El sujeto fue inhabilitado por 18 años para ejercer cargos públicos.