Las cuotas de seguridad: trabajadoras sexuales y venteros del centro de Medellín le rendían cuenta al combo Caicedo

Los parques y zonas comerciales del centro de Medellín se convirtieron en epicentro de extorsión, donde la red criminal de Caicedo obligaba a comerciantes y a trabajadores sexuales a pagar “cuotas de seguridad” que les generaban ganancias ilícitas de aproximadamente $1.200 millones de pesos mensuales.  

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Según las autoridades, las extorsiones se realizaban con amenazas, usando armas de fuego y armas blancas, para exigir pagos semanales de entre $20 mil y $100 mil pesos. Las principales zonas afectadas eran los parques de San Antonio, San Benito y Tejélo, además de La Veracruz y el Metro Prado. 

La investigación, que se extendió por 10 meses con apoyo del Gaula, permitió la captura de 21 de sus integrantes. Entre los detenidos se encuentran alias “Alex”, cabecilla de la zona, seis coordinadores y 14 miembros más. Todos deberán responder por delitos como concierto para delinquir, extorsión, constreñimiento ilegal y hurto. 

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Esto quedó en evidencia, luego que la Policía en un operativo coordinado con la Fiscalía, logró desmantelar esta estructura, conocida como el grupo delincuencial “Caicedo”, responsable de la intimidación en sectores como Plaza Botero y el Parque Berrío. 

Durante la operación, se incautaron 17 equipos de comunicación y se analizaron más de 300 horas de video, lo que permitió identificar a los responsables y cuantificar las ganancias del grupo criminal. 

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En una operación interinstitucional desarrollada en Medellín, tropas del Gaula Militar en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, capturaron mediante orden judicial a Yeison Alfonso Sánchez Zapata, conocido como alias “Chorizo”, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 36. 

Este alias habría desempeñado un papel clave dentro de la estructura criminal, encargándose de administrar los recursos económicos provenientes de actividades ilícitas como el narcotráfico y la explotación ilegal de yacimientos mineros en los municipios de Anorí y Amalfi.

Según información oficial, este sujeto recaudaba más de $20 mil millones de pesos mensuales, fondos que eran destinados a la adquisición de armamento, explosivos y logística para operaciones ilegales. 

Además de su rol como testaferro, las autoridades lo señalan como presunto responsable de coordinar entables mineros irregulares y redes de apoyo logístico para el frente armado. Su trayectoria delictiva se extiende por más de ocho años, periodo en el que habría participado en acciones de inteligencia delictiva para atentar contra la Fuerza Pública en Anorí. 

Uno de los elementos más graves en su prontuario es su presunta vinculación con el homicidio de una comerciante de Amalfi, ocurrido en Girardota en 2024. Las autoridades continúan investigando este caso, que podría ampliar los cargos en su contra. 

Durante la captura, se le incautaron más de 11 millones de pesos en efectivo, dos teléfonos celulares y una memoria USB, elementos que quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Alias “Chorizo” deberá responder por los delitos de concierto para delinquir agravado y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, municiones y explosivos.