Debate para vender acciones de Tigo-Une
Debate para vender acciones de Tigo-Une
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12 Jun 2025 08:20 PM

Juzgado negó demanda que pretendía suspender el proceso de enajenación de las acciones de EPM en Tigo-UNE

Martín Manuel
Díaz Rubio
El Juzgado Quinto Administrativo Oral De Medellín, indicó que es legal el proceso y que se han respetado todas las etapas que exige la ley.

La Justicia determina que la autorización para la venta de acciones de Tigo aprobada por el Concejo de Medellín el 21 de agosto de 2024, es legal y se respetaron todas las etapas que exige la ley. El Juzgado Quinto Administrativo Oral De Medellín, resolvió negar las pretensiones de la demanda, en la que se pretendía ordenar la suspensión y/o abstención absoluta a Empresas Públicas de Medellín de la enajenación de las acciones de une EPM telecomunicaciones (TIGO-UNE).  

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De igual forma, se pedía que la Alcaldía de Medellín para que presentara el plan anual de enajenaciones en el cual conste el avalúo preliminar de las acciones de UNE.  

Advierte el Despacho que en la actualidad Empresa Públicas de Medellín se encuentran desarrollando la etapa de construcción del rango de valoración de UNE en conjunto con su banca de inversión BTG Pactual y los diferentes asesores que acompañan la transacción.  

Luego, dicho rango de valoración será analizado por una banca de inversión independiente diferente a BTG Pactual quien emitiría una Opinión Independiente. Y finalmente, la Junta Directiva de EPM será quien apruebe la valoración para definir e incluir el precio por acción en el programa de enajenación con el cual se dará inicio formalmente al proceso de enajenación”. 

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Por otra parte, cabe hacer mención que el mes de mayo del año en curso, se anunció que la Contraloría Distrital de Medellín realizaría el proceso de vigilancia de la enajenación de las acciones de EPM en TIGO – UNE. En cabeza del contralor Pablo Garcés, se mantiene activa la vigilancia fiscal en el proceso de enajenación. El cual tiene como objetivo evitar cualquier riesgo fiscal que genere un posible detrimento patrimonial para el Distrito.