
Acordonan zona en Bello por riesgo de nuevos deslizamientos tras inestabilidad del terreno: DAGRAN
El director del Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran), Carlos Ríos, advirtió que el riesgo en Bello; puntualmente en la vereda Granizal, sector El Pinar, continúa siendo crítico, por lo que se mantiene la alerta máxima y el llamado reiterativo a evacuar de manera inmediata.
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Según Ríos, la zona ha sido acordonada debido a la inestabilidad del terreno y la posibilidad de nuevos movimientos en masa, como los registrados en la madrugada de este martes, que ya han dejado un saldo de 10 personas fallecidas, 15 heridas y al menos 15 desaparecidas. Aunque no se esperan lluvias en las próximas horas, el riesgo geológico persiste, lo que obliga a mantener la capacidad operativa al máximo.
“Necesitamos ser ágiles en el proceso. Lo que prevalece es la vida”, enfatizó el director, quien también destacó el acompañamiento psicosocial que se viene brindando a las familias afectadas, conscientes de que evacuar no es una decisión fácil para muchas de ellas.
El Dagran lidera un operativo interinstitucional que incluye revisión técnica del terreno, labores de búsqueda, rescate, y coordinación con entidades como la Alcaldía de Bello, el DAGRD, la Defensa Civil, Ponalsar, Bomberos, Cruz Roja, Ejército y el SIATA. En total, cerca de 120 personas trabajan sin descanso en la zona afectada.
Ríos también explicó que el Dagran será el canal oficial de comunicación con las familias para informar los pasos a seguir. En caso de que se determine una evacuación definitiva, la Gobernación de Antioquia brindará subsidios de vivienda y se articulará con otras instituciones para garantizar el apoyo integral a los damnificados.
Es importante recordar que; desde el día de ayer el llamado de las autoridades competentes; es que todas las familias de Altos de Oriente 1 y 2 y Manantiales evacuen.
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Homicidios aumentan en 50 municipios de Antioquia, según informe reciente de Corpades
Un análisis elaborado por la organización Corpades (Corporación para la Paz y el Desarrollo Social), con base en datos del Ministerio de Defensa, advierte que 50 municipios antioqueños reportan un significativo incremento en homicidios en el periodo comprendido entre enero y mayo de 2025, en comparación con el mismo periodo de 2024.
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El informe señala que la Gobernación; ha restringido el acceso a la información pública, mientras los homicidios se disparan buscando supuestamente minimizar la situación, negándose a transparentar cifras y evadiendo la articulación con el gobierno nacional y los movimientos sociales. Esta opacidad, según la entidad, ha dificultado la respuesta coordinada a una crisis que afecta gravemente a comunidades vulnerables.
Así las cosas, el informe, revela una alarmante escalada de la violencia en Antioquia. San Andrés de Cuerquia encabeza esta sombría lista con un incremento superior al 1,000% en muertes violentas, seguido de cerca por Buriticá (600%) y Betania (550%).
Otros municipios como Pueblorrico (500%), Briceño (400%), San Vicente (400%), Gómez Plata (340%), Nariño (300%), San Pedro (300%), La Pintada (300%) y El Carmen de Viboral (233.33%) también muestran aumentos preocupantes. Incluso, localidades como Jardín (200%), Jericó (200%), San José de la Montaña (200%), Caicedo (200%), Valdivia (166.67%), Belmira (100%), Cocorná (100%), Carolina (100%) y la propia Medellín (18.85%) reflejan una tendencia inquietante de violencia en territorios que, según el informe, permanecen silenciados.
La organización advierte que esta ola de homicidios no es un fenómeno aislado ni reciente. Surge de patrones históricos: reconfiguración de grupos armados ilegales, disputas por el control territorial, narcotráfico y minería ilegal.
Corpades recuerda que desde los gobiernos de Santos y Duque se habían emitido alertas tempranas, sin que las administraciones locales asumieran un papel proactivo frente al problema.
Finalmente, la entidad exige transparencia en la entrega de datos y la apertura de un diálogo constructivo que incluya a líderes locales, la sociedad civil y el Estado, para responder adecuadamente a la crisis.