Corte Constitucional
RCN Radio
23 Abr 2021 03:16 PM

Ultimátum de la C. Constitucional al Gobierno para reconocer a los resguardos indígenas en Urabá y Antioquia

Johana
Rodríguez
@joharodri4
Le dio plazo de seis meses a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior para culminar el proceso de reconocimiento.

Las comunidades indígenas La Sardina de la etnia zenú, ubicada en el municipio El Bagre (Antioquia) y el Río Alto San Juan ubicada en el municipio de Urabá (Antioquia), llevan más de tres años esperando a que el Gobierno los reconozca como resguardos indígenas, cuando ese proceso debería durar entre 12 a 13 meses, según la Corte Constitucional.

Las demoras en el proceso, al parecer han sido injustificadas por parte de la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Ministerio del Interior y ese reconocimiento no se ha hecho efectivo poniendo en riesgo su desaparición como miembros indígenas.

Su caso llegó a la Corte Constitucional, que al fallar una tutela a su favor, dio un plazo de seis meses a esas entidades del Gobierno para que culminen los procesos de constitución o tramites de reconocimiento que iniciaron desde el 2016.

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De acuerdo con ese tribunal, sobrepasar los 12 o 13 meses en ese tipo de tramites termina “generando un alto nivel de vulnerabilidad que amenaza la existencia física y cultural de esas comunidades”. 

Con ponencia del magistrado José Fernando Reyes, la Corte Constitucional advirtió que con esas demoras injustificadas, se están violando los derechos al territorio, la propiedad colectiva, la constitución de resguardos y el debido proceso y la dignidad humana. 

“La importancia de que se constituya un resguardo indígena radica en el valor esencial de sus culturas, tradiciones, valores espirituales y sus orígenes, estableciendo una relación directa con su territorio, buscando conformar una institución legal y ser titulares de una personería jurídica, para así lograr que a la comunidad indígena se le confiera el estatus para adquirir derechos y exigir su cumplimiento y garantía frente al Estado”, dijo la Corte. 

En el proceso, intervino la Procuraduría General de la Nación que inició el tramite de tutela en representación de los indígenas.

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La Procuraduría cuestionó la lentitud de las autoridades del Gobierno en esos procesos. “Existe un déficit en el reconocimiento y efectividad de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en Colombia, debido a las demoras irrazonables de años y en ocasiones décadas, y a la falta de coordinación interinstitucional para la constitución legal y efectiva de sus resguardos”.