Subastan por $7.700 millones la finca La Manuela de Pablo Escobar; víctimas cuestionan alcance reparador

La Sociedad de Activos Especiales (SAE) concretó la subasta pública de La Manuela, uno de los bienes más simbólicos incautados al narcotráfico en Colombia. El inmueble que era de Pablo Escobar está ubicado a orillas de la represa El Peñol, en jurisdicción de Guatapé, fue adjudicado por $7.700 millones, recursos que ingresarán a las arcas del Estado.

Con un área aproximada de 7.826 metros cuadrados, la finca fue durante años un ícono del poder criminal del extinto Cartel de Medellín. En sus instalaciones se concentraron episodios de la vida privada del capo y hechos asociados a la violencia que marcaron a miles de familias. Para el Gobierno, la venta representa el cierre de un ciclo y la conversión de activos ilícitos en recursos legales.

La presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra, afirmó que la operación simboliza la derrota del crimen frente a la institucionalidad: “Cada bien que logramos recuperar y comercializar representa una victoria del Estado sobre el crimen. Lo que antes fue adquirido con dinero del narcotráfico hoy se transforma en recursos legales que benefician a las y los colombianos”, señaló.

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No obstante, desde el lado de las víctimas la lectura es distinta. Carlos Mario Zuluaga, hijo del magistrado Gustavo Zuluaga Serna —asesinado el 30 de octubre de 1986 por orden de Escobar tras pedir su detención y retirarle la investidura parlamentaria— cuestionó el impacto real de la subasta: “Para nosotros y para el país este es un tema irrelevante. Estos dineros van a asuntos que no tienen nada que ver con la mitigación del fenómeno del narcotráfico ni con la reparación de sus víctimas”, expresó.

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Más allá de su pasado criminal, La Manuela también adquirió valor patrimonial y ambiental por la presencia de especies arbóreas exóticas importadas desde África, Europa, Chile y Estados Unidos, así como magnolias y tulipanes poco comunes en la región. Este componente influyó en el interés de los oferentes y en una subasta calificada por la SAE como altamente competitiva y transparente.

Con la adjudicación, la SAE reiteró su compromiso con la administración responsable de bienes incautados y su aprovechamiento legal. Sin embargo, el debate persiste: para las víctimas, la conversión económica no sustituye la deuda histórica del país con quienes padecieron el terror del narcotráfico.

Por: Tatiana Balvín Rodríguez