Contraloría imputa cargos al gobernador de Antioquia por ciclorrutas; Gobernación habla de actuación “inusitada” y con tinte político

La Contraloría General de Antioquia imputó cargos fiscales al gobernador Andrés Julián Rendón, además de otros exfuncionarios y particulares, por presuntas fallas de planeación y ejecución en un proyecto de ciclorrutas en el Oriente antioqueño, desarrollado durante el periodo 2016–2019, cuando Rendón se desempeñó como alcalde de Rionegro.

La actuación fiscal también cobija al gerente de la Empresa de Vivienda de Antioquia, exgerentes de Indeportes, siete exfuncionarios públicos, una firma contratista y una aseguradora internacional. De acuerdo con el ente de control, el proyecto —anunciado por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia con una inversión cercana a $25.000 millones para conectar municipios como Rionegro y Marinilla— habría generado un posible detrimento patrimonial superior a $26.186 millones.

Según la Contraloría, algunos tramos incluso tendrían que ser demolidos por interferir con obras de ampliación vial, lo que ha llevado a veedurías y sectores políticos a calificar la iniciativa como un posible “elefante blanco”. El contrato inicial se suscribió durante la administración del entonces gobernador Luis Pérez, en articulación con la Alcaldía de Rionegro. La imputación marca el inicio formal del proceso de responsabilidad fiscal y abre la etapa de descargos, sin que ello implique una condena.

Tras conocerse la imputación, desde la Gobernación de Antioquia se conoció una respuesta institucional en la que se cuestiona el momento y el alcance de la decisión. En un pronunciamiento, la administración departamental aseguró que se trata de “una actuación inusitada, a menos de tres días para que la actual contralora deje su cargo” y sostuvo que “es evidente el tinte político que la acompaña: lo hace a última hora y sin competencia para ello, extralimitándose en sus funciones”.

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La Gobernación agregó que, por estas razones, “en este proceso se ha solicitado la nulidad” y afirmó que “los puntos críticos de las ciclorrutas están contratados por esta administración”, no por el periodo investigado. Además, fuentes del Ejecutivo departamental señalaron que el contexto de la actuación estaría relacionado con la negativa a la contralora saliente para crear y nombrar cerca de 200 cargos.

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El proceso continuará ahora con la Contraloría entrante, que deberá resolver las solicitudes presentadas y definir si existen méritos para avanzar hacia una eventual declaratoria de responsabilidad fiscal.