Condenan a la Nación por ejecución extrajudicial de menor de 15 años en Medellín

El Consejo de Estado condenó a la Nación a pagar una indemnización a la familia del menor Jhon Faber Aguirre Tuberquia, quien murió a manos del Ejército Nacional en Medellín, horas después de haber sido capturado con un amigo, quien también fue asesinado en los mismos hechos.

Según la sentencia, la madrugada del 18 de agosto de 2002, Jhon Faber de 15 años y su amigo, Hernán Darío Vidales Hernández, mayor de edad, fueron capturados en un procedimiento de requisa realizado por varios soldados que portaban fusiles e ingresaron a una discoteca del barrio La Honda de la Comuna 3, Manrique, nororiente de la ciudad.     

El mismo día, vecinos del sector La Torre ubicado cerca de la base militar, escucharon varias detonaciones y cuando acudieron al lugar hallaron en la vía pública los cuerpos baleados de los dos jóvenes, y rodeados por los soldados que hicieron la captura. Una de las personas que conocía a las víctimas recriminó a los militares por haberlos matado.

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La familia de Jhon Faber Aguirre demandó al Estado y el Tribunal Administrativo de Antioquia le dio la razón al Ministerio de la Defensa que evadió la responsabilidad en los hechos y aseguró que Aguirre Tuberquia murió por impactos de revólver que no coinciden con los proyectiles de las armas que portaban los soldados.

Inconformes con la decisión, los demandantes acudieron al Consejo de Estado y 17 años después, el alto tribunal consideró que  “Es claro que el Ejército Nacional incurrió en una falla del servicio al causar la muerte de una persona capturada que se encontraba bajo su guarda y custodia, lo que configura una ejecución extrajudicial. Se incurrió en una violación flagrante de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, advierte el fallo judicial. En la minuta aparece la detención de Jhon Faber Aguirre Tuberquia y de Hernán Darío Vidales Hernández, pero no la orden de libertad y tampoco se reportaron ese día enfrentamientos con grupos ilegales en el sector.

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La sentencia fue remitida a la Jurisdicción Especial para la Paz, (JEP) para que los magistrados investiguen a los militares involucrados en la ejecución extrajudicial.