La Fiscalía apeló la medida.
Cortesía Fiscalía General de la Nación
15 Feb 2020 12:44 PM

Casa por cárcel para dos policías que al parecer, extorsionaron a comerciante en Medellín

La Fiscalía apeló la medida.

Los patrulleros de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, John Edilson López Hurtado y Luis Anderson Pineda Hincapié, ambos de 33 años de edad, recibieron el beneficio de detención domiciliaria, luego de ser capturados como presuntos responsables de extorsionar a un comerciante en la capital antioqueña.

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Los hechos materia de investigación ocurrieron en septiembre de 2019, cuando un negociante bogotano se encontraba a las afueras del  hotel donde se hospedaba, en el sector  La 70 de Medellín.  Dos policías se les acercaron y les notificaron que él era investigado por abuso sexual a menores de edad, pero que si les entregaba  un millón de pesos no harían efectiva la supuesta orden de captura que había en su contra. 

Los uniformados, supuestamente obligaron a la víctima a entregar el dinero camuflado en dos vasos con bebidas que debía sacar del hotel. El comerciante  habría entregado la suma de 500 mil pesos de la manera que le exigen los miembros de la Fuerza Pública.

Luego de múltiples actividades investigativas realizadas por servidores del Cuerpo Técnico de Investigación con el apoyo del Gaula, así como elementos materiales probatorios recopilados se  logró la identificación de los patrulleros López Hurtado y Pineda Hincapié, adscritos a  la estación de Policía del barrio Laureles, como los presuntos responsables de la exigencia económica realizada al comerciante. 

El CTI verificó  en las bases de datos y sistema  judicial que el turista bogotano no tenía anotaciones, ni órdenes de captura en su contra.

Los dos patrulleros de la Policía no aceptaron los cargos imputados por un fiscal especializado de Medellín por el delito de concusión agravada ante el Juzgado 18 Penal Municipal de Medellín, con funciones de control de garantías.

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Inconformes con la detención domiciliaria, delegados de la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría, ante los jueces penales del circuito de Medellín, al considerar que la conducta de los uniformados es gravísima y representan un peligro para la sociedad.