Autoridades investigan secuestro exprés de concejal antioqueño en otro departamento: falsas promesas, violencia y un botín millonario

Las autoridades continúan investigando el secuestro exprés del concejal de Rionegro, Cristian Norbey Ospina, quien fue víctima de una violenta emboscada en zona rural del municipio de Silvania, Cundinamarca y no en Fusagasugá como se había informado inicialmente.  

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Según información del hecho, todo comenzó con una supuesta oportunidad comercial. Un socio invitó al concejal a visitar una finca en zona rural para concretar un negocio relacionado con materiales de construcción. Lo que parecía una reunión legítima se convirtió en una trampa. 

Al llegar al lugar, ambos fueron abordados por hombres armados que los golpearon brutalmente y los despojaron de sus pertenencias. El botín, según estimaciones preliminares, asciende a $50 millones de pesos, incluyendo dinero en efectivo y objetos personales. 

El corporado; sufrió lesiones delicadas que lo obligaron a ser hospitalizado. En las que acudió al Instituto Colombiano de Medicina Legal para una evaluación médica que determinará el alcance de las heridas.  

Por su parte, la Alcaldía de Fusagasugá, a través de un comunicado, lamentó lo ocurrido y reiteró que el hecho no sucedió en su territorio. Además, destacó las acciones conjuntas con la Policía, el Ejército y la Fiscalía para combatir la delincuencia en la región. 

Entre las medidas preventivas, se han intensificado las campañas contra el ‘falso servicio’, una modalidad delictiva en la que los criminales engañan a sus víctimas con supuestas ventas de lotes o servicios rurales para luego asaltarlas. 

Las autoridades judiciales avanzan en la identificación de los responsables, mientras han solicitado la colaboración ciudadana para aportar información que permita esclarecer el caso.

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Extinción de dominio a red que usaba empresa de aguacates para ocultar bienes del narcotráfico en Antioquia

La investigación de la Fiscalía General de la Nación permitió identificar cómo una organización narcotraficante ocultaba recursos ilícitos mediante empresas exportadoras de aguacates, utilizadas como fachada para dar tránsito al dinero producto del envío de toneladas de clorhidrato de cocaína hacia Europa.

De acuerdo con la Fiscalía, los articuladores de la red consolidaron un patrimonio ilícito que intentaron ocultar a través de la compra de bienes muebles e inmuebles, puestos a nombre de familiares y personas cercanas con el fin de evadir el rastreo judicial.

Tras la investigación, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de embargo, secuestro y suspensión del poder dispositivo sobre 46 inmuebles rurales, la mayoría ubicados en los municipios de Salgar, Remedios, Sabaneta, Urrao y Yondó, en Antioquia.

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Además, también fueron embargados 18 vehículos de gama alta y 3 sociedades comerciales, cuyo valor preliminar superaban  los 143 millones de pesos, tal y cómo  lo expresó José Iván Caro, director Especializado de Extinción del Derecho de Dominio

Según el ente acusador, entre los dueños reales de los activos figuran integrantes de una misma familia, varios de ellos ya extraditados a Estados Unidos, donde enfrentan procesos por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.