Procuraduría

Ramírez es subdirector de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales del Ministerio de Hacienda.

La Procuraduría aceptó una demanda de nulidad electoral contra el alcalde Luis Bernardo Molina, por presunta doble militancia.

El caso habría ocurrido en la Institución Educativa Jorge Eliécer Gaitán.

Según la funcionaria se ha extralimitado inmiscuyéndose en asuntos como el proceso de elección de rector de la Universidad Nacional.

El viaje internacional se llevó a cabo en el marco de una capacitación, así que se verificará si hubo uso indebido de recursos.

Los cargos son por presuntas irregularidades en el uso de recursos públicos, por un curso de inglés en la Universidad Eafit.

Las investigaciones son por presuntas irregularidades en la construcción de recintos deportivos en sus respectivos municipios.

Desde el gremio empresarial mostraron su preocupación porque el superintendente que intervino a Comfenalco fue inhabilitado por 12 años.

Investigan las posibles anomalías en tres computadores que, al parecer, habrían sido formateados.

La procuraduría indagará posibles conductoras disciplinarias

Más de 26 mil millones de pesos fueron destinados por la Administración Municipal.

Por un caso similar, el exconcejal Bernardo Alejandro Guerra perdió su curul.

El ente de control investigará contrato de mantenimiento para colegios rurales del municipio.

El abogado Juan Camilo Sánchez confirmó que el exalcalde no se conectó a la audiencia debido a compromisos personales. 

Las autoridades buscan a dos prófugos de la justicia que estaban privados de la libertad en la cárcel municipal.

El Ministerio Público indaga si el profesor contactaba a las menores a través de la red social Facebook.

La Procuraduría General de la Nación estudiará los resultados de las solicitudes de las pruebas en contra del exmandatario. 

El ente de control investiga si este le habría disparado a un ciudadano en medio de una jornada de protestas en septiembre de 2020

El ente de control mantiene la vigilancia en territorio antioqueño.

El proceso inició en 2023, con la denuncia del líder del sindicato de la UNP.