Concejales de Medellín denunciaron penalmente a ministros por firmar decreto que convoca a consulta popular

Andrés Felipe Tobón y Alejandro de Bedout, concejales del Distrito de Medellín, presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación contra los 18 ministros que firmaron el Decreto 0639 de 2025, por la presunta comisión del delito de prevaricato por acción. 

Según los denunciantes, el Gobierno Nacional habría vulnerado la Constitución al expedir el decreto que convoca a una consulta popular nacional sobre la reforma laboral, a pesar de no contar con el requisito legal del concepto favorable del Senado, como lo exige el artículo 104 de la Carta Magna.  

Alejandro De Bedout, uno de los concejales demandantes, asegura que “Desde Medellín y Antioquia, no nos podemos quedar callados con lo que está haciendo el gobierno de gustavo Petro y sus ministros, ellos están violando la constitución en la cara de todos los colombianos”  

“La Constitución es clara: para convocar una consulta popular se requiere el aval previo del Senado. El 14 de mayo esa corporación votó negativamente la propuesta del Ejecutivo. Sin embargo, el Gobierno actuó como si esa votación no existiera”, señalaron los concejales en el documento enviado a la fiscal general, Luz Adriana Camargo. 

La denuncia argumenta que, pese a que el Gobierno volvió a radicar la solicitud ante el Senado y entabló una demanda de nulidad ante el Consejo de Estado —ambos procedimientos aún sin decisión de fondo—, el Ejecutivo decidió seguir adelante con la convocatoria a consulta popular, emitiendo el decreto el pasado 11 de junio. 

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El Decreto 0639, que según los denunciantes contiene una extensa argumentación teórica sobre democracia y legitimidad, sostiene que el pronunciamiento del Senado es inaplicable por ser, supuestamente, inconstitucional. No obstante, Tobón y De Bedout aseguran que tal calificación solo le corresponde a la Corte Constitucional o al Consejo de Estado, no al Gobierno.

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“Firmar ese decreto sin contar con el concepto favorable del Senado es una decisión abiertamente contraria a la Constitución. Los ministros actuaron con pleno conocimiento de que no existía sustento legal para hacerlo”, afirmaron los concejales, quienes pidieron a la Fiscalía investigar penalmente a los firmantes del decreto por el presunto delito de prevaricato por acción, tipificado en el artículo 413 del Código Penal. 

La denuncia subraya que esta conducta también atenta contra los principios de legalidad, separación de poderes y jerarquía normativa, al atribuirse el Ejecutivo funciones jurisdiccionales que no le competen. 

Los concejales solicitaron a la Fiscalía que admita la denuncia, vincule a los ministros a la investigación y determine su posible responsabilidad penal. El caso ahora queda en manos del ente acusador, que deberá decidir si abre una investigación formal. 

Por: Yhesica Cano