Referencia de captura de policías
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26 Mayo 2022 05:58 AM

Capturan a cuatro policías por supuestos hechos de corruptos en Medellín

Diego Alejandro
Escobar Calle
@escobarc30
Dos de Las “manzanas podridas” exigían 10 millones de pesos a un supuesto clonador de tarjetas de crédito

La justicia envió a la cárcel a cuatro policías activos de Medellín vinculados a hechos de corrupción, dos de los uniformados, al parecer exigían 10 millones de pesos a un comerciante vinculado, al parecer, a la clonación de tarjetas de crédito. 

Los uniformados vinculados a este hecho fueron identificados como Juan Antonio Serano y Luis Alberto Fernández Pelufo. Los hechos investigados ocurrieron el 5 de mayo de 2021 cuando los uniformados, al parecer, le exigieron esta suma de dinero a cambio de no capturarlo por ser un presunto hackeador y clonador de tarjetas.   

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Según la investigación, poco antes de ser abordado por los uniformados, la víctima habría hecho retiros por una cuantía superior a los 30 millones de pesos en cajeros electrónicos del barrio Laureles de Medellín.   

Labores de policía evidenciaron que uno de los uniformados se habría subido junto con la víctima a vehículo donde habría hecho la exigencia económica ilícita; mientras el otro policial seguía el automotor en una motocicleta oficial.  

La defensa de los procesados apeló la decisión de primera instancia ante los Jueces Penales del Circuito de Medellín.   

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De otra parte, Un juez de control de garantías dicto medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra otros dos patrulleros de la policía, presuntamente, implicados en un eventual hecho de corrupción.   

Se trata de los patrulleros Gleimer José Ballesteros y Andrés Camilo Arredondo Soñett, investigados por el delito de concusión ocurrido el 3 de marzo pasado, cuando los uniformados le habrían exigido a la víctima el pago de dos millones de pesos por devolverle una moto que ellos mismos le habrían inmovilizado de manera arbitraria tres días antes en el corregimiento San Antonio de Prado de Medellín.  

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Un fiscal de la Unidad de Delitos contra la Administración Pública señaló a los procesados como los posibles responsables de haber realizado la exigencia económica ilegal.