La JEP imputó a involucrados en crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Urabá

34 personas fueron imputadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP como máximos responsables por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en el Urabá antioqueño y cordobés, el Bajo Atrato y el Darién chocoano, entre 1986 y 2002, en el marco del Caso 04.  En total fueron ocho comparecientes de las Farc-EP, 21 comparecientes de la fuerza pública y cinco terceros civiles.

La JEP informó que esta decisión reconoce la dinámica territorial del conflicto armado vivida en Urabá como escenario y laboratorio de la guerra que desplegaron múltiples actores armados.  

 En el Auto de Determinación de Hechos y Conductas del Caso 04, documentaron y se atribuyó responsabilidad a comparecientes de las extintas Farc-EP por hechos de violencias basadas en género y ataques contra mujeres y personas con orientación sexual, identidad y expresión de género diversas. Las violencias investigadas por la sala tuvieron un impacto profundo y diferenciado sobre pueblos indígenas Emberá Dóbida, Emberá Eyábida, Emberá Katío, Guna Dule, Wounaan y Zenú, de Antioquia, Córdoba y Chocó, así como en el Pueblo Negro y Afrocolombiano de Urabá, Bajo Atrato y Darién.  

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Alcance de las investigaciones 

Las investigaciones se enfocaron en los hechos ocurridos entre 1986 y 2002, en Turbo, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Mutatá y Dabeiba, en Antioquia. Así como Acandí, Unguía, Riosucio y El Carmen del Darién, en Chocó. Posteriormente, amplió la investigación y la participación de víctimas a los municipios de Tierralta, Valencia y San Pedro de Urabá, y logró el esclarecimiento de hechos en otros municipios ubicados fuera de la priorización como Bojayá, El Carmen de Atrato y Juradó, en Chocó; y Murindó, Santa Fe, Sabanalarga, Cañasgordas, Uramita y Frontino, en Antioquia. 

La metodología empleada por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP combinó el diálogo con las víctimas y el análisis de 115 informes, 287 expedientes de distintas jurisdicciones; 32 testimonios; informes de contexto elaborados por los equipos técnicos de la JEP; y escritos de observaciones de las víctimas. En total participaron 808 personas y se alcanzó a acreditar a 54.600 víctimas.  

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Patrones criminales hallados 

Se identificaron tres patrones macrocriminales en los que distintos actores armados y civiles articularon estrategias de violencia, control social y apropiación territorial en Urabá: Eliminación por prejuicio enemigo, Vaciamiento del Territorio con fines de despojo y repoblamiento; y Control sociocultural y territorial bajo las modalidades de captura del territorio, cooptación de formas organizativas propias y afectaciones a libertades individuales entre las que se incluyen las libertades sexuales, de género y reproductivas cometidas por las Farc-EP. 

La Sala de Reconocimiento de Verdad pudo determinar que, a partir de los múltiples hechos violentos que vivió el Territorio de Urabá, se produjeron daños intangibles e inmateriales: emocionales y psicológicos, morales, físicos, a los proyectos de vida y comunitarios.  

La sala explicó que, debido a que miles de víctimas presenciaron asesinatos atroces de familiares, vecinos y miembros de sus comunidades, vivieron en un miedo constante. Se les obligó a observar los cuerpos torturados y exhibidos de manera pública, perder a seres queridos de forma masiva en masacres. Vivieron amenazas, confinamiento y, en muchas ocasiones, fueron expulsados de sus hogares.  

 La investigación concluye que las Farc-EP fueron responsables de 114 hechos calificados como homicidios y asesinatos, que dejaron 341 víctimas. Estos crímenes, conforme a la determinación y calificación realizada por la sala, no son amnistiables.  

Así mismo, 23 masacres cometidas por las extintas Farc-EP, durante el periodo de priorizado en el Caso 04, entre 1986 y 2002, causaron la muerte de 218 personas de la población civil.  

 El paramilitarismo como instrumento de guerra  

La evidencia reunida confirma la presencia y actuación sistemática del paramilitarismo en Urabá desde mediados de los años ochenta, así como su articulación con miembros de la fuerza pública, sectores ganaderos, empresariales y dirigencias políticas que facilitaron su expansión mediante apoyo logístico, financiación y coordinación operativa.  

¿Qué sigue en el proceso judicial?  

Los 34 comparecientes imputados tendrán 60 días hábiles para reconocer por escrito los hechos y conductas atribuidas o, por el contrario, rechazar las imputaciones. Durante este mismo periodo, las víctimas acreditadas y el Ministerio Público podrán presentar sus observaciones al Auto de Determinación de Hechos y Conductas.  

Los comparecientes que no acepten su responsabilidad serán remitidos a la Unidad de Investigación y Acusación (UIA) de la JEP, instancia que emite una acusación formal para enviarlos a un juicio adversarial ante la Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP. Allí, de ser hallados culpables, se enfrentan a 20 años de cárcel.