Batallón San Mateo
Foto Suministrada Fiscalía
26 Jun 2020 10:31 AM

Al batallón de Bello serán llevados los soldados señalados de abuso sexual de niña indígena

Osvaldo Alfonso
Parra Ponce
@parraponce1020
Un Juez ordenó su reclusión en una guarnición militar.

A una guarnición militar en el departamento de Antioquia serán trasladados los siete soldados que fueron cobijados con medida de aseguramiento por violación de una menor de edad. 

En cumplimiento de lo ordenado por un juez de control de garantías de Pereira, que impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario, y que debe cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias, en las próximas horas serán llevados los siete soldados regulares acusados del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado.

Según conoció extraoficialmente RCN Radio, los soldados serán llevados al Batallón Pedro Nel Ospina, localizado en el municipio de Bello, mientras se surte todo el procedimiento judicial.

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La medida cobijo a siete soldados regulares, que llevaban un año prestando su servicio militar y les restaban seis meses para la baja, los cuales también fueron destituidos del Ejército Nacional, según lo indicado por el Comandante de la institución militar, el Mayor General Eduardo Enrique Zapateiro.

De los siete soldados involucrados en la violación de una niña Embera Katío, en hechos ocurridos en los predios del resguardo Gitó Dokabú en el municipio de Pueblo Rico en Risaralda, seis de ellos aceptaron su responsabilidad como coautores materiales del crimen, mientras que el último se encuentra en condición de cómplice.

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Los militares fueron identificados como Juan Camilo Morales Poveda, Yair Stiven González, José Luis Holguín Pérez, Juan David Guaidi Ruiz, Oscar Eduardo Gil Alzate, Deyson Andrés Isaza Zapata y Luis Fernando Mangareth Hernández.

Pese a la decisión adoptada por las autoridades judiciales del país, los Gobernadores indígenas de Risaralda y la Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, insisten en que los soldados implicados en el hecho sean entregados a la jurisdicción de la justicia especial indígena, dado que la víctima es una niña de las comunidades Embera y la violación se produjo en los territorios ancestrales que son de sus dominios.